Juliana Guerrero fue condenada a 3 años de prisión por el escándalo de títulos falsos

Un juzgado de Bogotá condenó este jueves a Juliana Guerrero a 36 meses de prisión tras aceptar un cargo de fraude procesal relacionado con el uso de diplomas académicos falsos que presentó para acceder a un cargo público a través de la plataforma SIGEP II.

La sentencia se produjo luego de que Guerrero llegara a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, la pena de prisión quedó suspendida de manera condicional, un beneficio que la ley colombiana contempla para condenas inferiores a cuatro años cuando se cumplen determinados requisitos. Además de la pena suspendida, el fallo incluyó una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.

Al momento de leer la sentencia, el juez encargado del caso fue enfático al señalar la gravedad de la conducta. “No fue un simple error; estamos frente a una conducta absolutamente contraria al ordenamiento jurídico”, afirmó, en un fuerte llamado de atención que ha sido ampliamente reproducido por distintos medios del país.

El abogado de Guerrero, Felipe Alzate, defendió el acuerdo alcanzado con el ente acusador y aseguró que la negociación fue rigurosa y equilibrada. Según el jurista, la Fiscalía “no fue laxa” en el proceso, y la suspensión de la pena corresponde a una garantía legal a la que puede acceder cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos por la ley.

El fallo judicial no puso fin al capítulo judicial de Guerrero: el juez ordenó a la Fiscalía abrir una nueva investigación para determinar si además incurrió en el delito de falsedad en documento público, una decisión que su defensa calificó de problemática, al considerar que podría vulnerar el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El caso, que involucra a una figura que había ascendido rápidamente en la esfera pública, ha generado amplio debate político. Sectores de oposición han pedido que se investiguen otros posibles casos similares dentro de la administración, mientras que el proceso judicial contra Guerrero continúa su curso en medio de la atención nacional.